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Periódico el Potosí 24 de junio 2010
EDITORIAL
Dos de las organizaciones no gubernamentales que constituyeron parte del sustento del proyecto político que ahora gobierna el país se pasaron a la acera de enfrente y son los impulsores de la marcha indígena que partió el lunes hacia La Paz.
Si revisamos cuáles son las organizaciones que integran dicha caravana, comprenderemos que el gobierno tiene razones para preocuparse.
A pesar de los muchos esfuerzos hechos por el gobierno central para impedir que se inicie la marcha que los indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía decidieron emprender hasta La Paz para exigir que los muchos privilegios que les concede la nueva Constitución Política del Estado se plasmen en hechos concretos, una larga caravana partió el pasado lunes rumbo a la ciudad del Illimani.
Poco consiguieron los principales operadores del oficialismo para dividir a las organizaciones que representan a los indígenas de las tierras bajas y tampoco lograron desprestigiar con acusaciones infundadas a los principales dirigentes de los movimientos indígenas en cuyo nombre gobierna el MAS. Y no sólo que fracasaron en su cometido de desarticular la marcha del oriente sino que ahora tiene que lidiar con la posibilidad de que el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo se sume a las protestas contra el proyecto de Ley Marco de Autonomías presentado por el Órgano Ejecutivo para que sea aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Así, las dos principales vertientes de las que se alimenta el indigenismo boliviano, dos de los principales pilares sobre los que se sostiene el “proceso de cambio” y su andamiaje ideológico, han comenzado a tambalear. Ya no son sólo visiones diferentes sobre el desarrollo económico basado en la extracción de materias primas y la preservación del medio ambiente, sino también intereses políticos muy concretos, como la forma de distribuir el poder mediante las leyes que están en proceso de aprobación, lo que origina los distanciamientos.
Y como si los elementos propios de la fisura que comienza a abrirse entre la élite burocrática gubernamental y los indígenas en cuyo nombre gobierna no fueran suficientes, el equipo de asesores presidenciales no ha tenido mejor idea que atribuir tan hondos y complejos conflictos a la debilidad ideológica, a la falta de consecuencia y a la ingenuidad de los indígenas quienes estarían siendo engañados por “algunas Organizaciones No Gubernamentales” financiadas por el gobierno estadounidense.
Paradójicamente, entre las ONG que han sido identificadas por el gobierno como sus principales adversarias destaca el Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade) y el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis), dos de las que más se destacaron por el sólido respaldo intelectual y material que brindaron desde hace más de una década —y hasta hace no mucho tiempo— al proyecto político que hoy gobierna nuestro país.
Con esos antecedentes, y considerando que las demandas de los indígenas tienen una larga historia, están respaldadas por la Constitución Política del Estado vigente y por razones que merecen ser atendidas, no hace bien el gobierno al desdeñarlas. Más honesto y más práctico sería que inicie, cuanto antes mejor, un proceso colectivo de reconciliación con la realidad y con la sociedad en su conjunto.
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