NACIÓN ORIGINARIA JACH'A KARANGAS

26 de Junio de 2010, 06:56

La Paz - Bolivia.- Dirigentes de las organizaciones que integran la movilización indígena demandando un pliego petitorio estructural, denunciaron que el Ejecutivo y el MAS trabajan para dividir al sector y debilitar la marcha iniciada el pasado lunes desde Trinidad y que pretende llegar hasta la ciudad de La Paz, pasando por Santa Cruz. El Ministro de la Presidencia, desmintió las acusaciones.

El Gobierno, a través del ministro de la Presidencia, Oscar Coca, firmó ayer un acuerdo para coordinar proyectos de desarrollo sostenible con la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB), ente paralelo a la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), convenio que fue observado por el diputado Pedro Nuni (MAS) y sectores indígenas.

“Esta marcha debía empezar con cinco mil miembros, pero comenzó con un número reducido por los conflictos internos que tienen, nosotros no hemos recibido informes del carácter y la naturaleza de esta marcha y queremos decir que no hay oficialmente un cúmulo con los puntos de exigencia de esta movilización, sólo conocemos dos puntos que ni siquiera vamos a tocar por su carácter inconstitucional”, sostuvo el ministro Óscar Coca empeñado en deslegitimar la medida de presión de los indígenas.

DESCONOCEN CONVENIO

El diputado por el Beni, Pedro Nuni (MAS) luego de conocerse la firma del convenio de cooperación entre la Central Indígena beniana y el Ejecutivo en Palacio de Gobierno, declaró que no se pueden firmar convenios fuera del ente representativo de los indígenas del oriente, como es la Cidob, además que se debe conocer los pedidos que tiene este sector.

“Estos compañeros forman parte de la Cidob que han asumido una medida tan sacrificada como es la marcha y el Gobierno no puede pretender dividir a los dirigentes y las organizaciones, considero que se debe escuchar a los compañeros porque se está marchando por las autonomías indígenas, el derecho a la consulta y representación participativa en las leyes”, declaró.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Oscar Coca, firmó el convenio con el dirigente Remberto Justiniano (CPIB) para otorgar recursos para el desarrollo alternativo en el departamento de Beni, y manifestó: “como Gobierno nacional estamos en este esfuerzo para atender las necesidades de este sector”.

Consultado sobre el conflicto con la Cidob y la relación con este sector de indígenas benianos, la autoridad dijo: “nosotros antes que se inicie el conflicto hemos estado en contacto con sectores de diversas organizaciones, el actual convenio en ese momento no tiene nada que ver con la estructura de Cidob, estamos acordando con estas otras organizaciones. Esperamos que la Cidob asuma sus funciones de interlocutor y venga como portavoz de los indígenas de las tierras bajas”.

DE TRINIDAD A MONTERO

Mientras tanto, la marcha de los indígenas de tierras bajas que comenzó el lunes 21, continúa su avance hacia la ciudad de Montero en Santa Cruz, y tanto dirigentes del Cidob como diputados del oficialismo anunciaron que se sumarán los pobladores chiquitanos de cinco regiones, sobrepasando de esta manera los mil manifestantes que pretenden llegar a la Sede de Gobierno.

El jueves, en conferencia de prensa, el ministro de la Presidencia, Oscar Coca, dijo que “cuando se hace el proyecto Lagarto (proyecto ambiental) los convocan las ONGs para supuestamente coordinar criterios técnicos, pero es para aglutinar gente para la marcha, eso lo denuncia las organizaciones, no nosotros.

“En este proceso de investigación tenemos la documentación que indica que hay instituciones que reciben financiamiento de USAID, porque WCS (organización norteamericana de cooperación) concluye con los informes que tienen adjudicados para el fortalecimiento del Cepilap (Central de Productores Indígenas de La Paz)”, afirmó.

Los dirigentes de la Cidob ratificaron su pedido de reversión y expropiación de tierras a favor de los pueblos indígenas del lugar que no tienen tierra; garantizar el derecho a la integralidad del Territorio Indígena que establece la CPE en el Art. 403 (del capítulo referido a Tierra y Territorio); asimismo, plantean ingresar en el anteproyecto de Ley Marco de Autonomías Departamentales, que debe pasar a consideración de la Asamblea Legislativa, en calidad de autonomía indígena plena con poder de decisión propio para regular se implementación.

“Mucha gente está sufriendo y esperando el saneamiento de tierras. Somos 34 pueblos y queremos que se consoliden las tierras, primero como dice la ley para quienes no tienen tierra, pero también para los otros compañeros de otras regiones, estamos conscientes de eso”, dijo el dirigente Tacoó a los medios paceños.

Demandan además mayor representación y participación política, así como ser consultados en la consideración de todas las leyes que se traten y elaboren en la Asamblea Legislativa, hecho que no se dio en las últimas cinco leyes orgánicas que se debaten en el poder legislativo.
El Diario