NACIÓN ORIGINARIA JACH'A KARANGAS

Por. Alex Contreras*

“Algunos ministros del gobierno indígena nos están haciendo enfrentar a indígenas contra indígenas, eso no es posible y no podemos entender en este proceso de cambio que se vive en Bolivia”, asegura Pedro Nuni Cayti, representante del pueblo mojeño y diputado por el Movimiento al Socialismo (MAS) en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Nuni, junto a otros dirigentes indígenas luego de realizar una huelga de hambre en el pleno de la Cámara de Diputados, hoy se integró a la VII Marcha “Por la Defensa del Territorio, la Autonomía y los Derechos de los Pueblos Indígenas” que en su noveno día ya avanzó más de 150 kilómetros e ingresó a territorio del departamento de Santa Cruz.

La marcha indígena integrada por cerca de mil personas: mujeres y bebés en brazos, ancianos, jóvenes y hombres que portan arcos y flechas, vestimentas típicas y la mayoría sin calzados y escasa comida, avanza inalterable.

Los indígenas demandan mayor representación en la Asamblea Plurinacional, tienen 7 curules y piden 18; el derecho a la consulta para la explotación de recursos naturales en sus territorios y autonomía plena con recursos y competencias de acuerdo a la nueva CPE.

La marcha está integrada por mojeños, trinitarios, guaraníes, izozeños, tacanas, mosetenes, yukis, yuracarés, guarayos, sirionós, chácobos, matacos y otros pueblos aglutinados en la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB).

Los productores de coca, representados por el diputado Julio Salazar advirtieron no dejar pasar a los indígenas “por su territorio”; dirigentes aymaras y quechuas cuestionan la marcha y señalan que está financiada por intereses extranjeros y los colonizadores criticaron a los dirigentes indígenas por romper la unidad de los movimientos sociales; el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo (CONAMAQ) apoya las demandas indígenas y amenazaron con cercar la sede de gobierno.

El Vicepresidente del Estado Plurinacional, Álvaro García Linera, al advertir que no se aceptará que indígenas discriminen a indígenas, calificó las demandas de la CIDOB como "injustas, discriminatorias, atentatorias a la Constitución y no están en la línea correcta”.

“Nosotros no vamos a responder a la provocación, no estamos financiados por nadie, somos parte de este proceso de cambio y, por eso, queremos que se profundice a favor de las mayorías nacionales y no sólo de unas cuantas personas…Con todo respeto le digo al Vicepresidente que tiene soberbia y parece que fobia contra nosotros y ve fantasmas que supuestamente nos manipulan. Lamento esto porque en vez de apaciguar los ánimos, entorpece”, respondió Nuni.

Cultura de la vida

Antes de encontrar una solución pacífica y concertada, el gobierno inició una campaña mediática millonaria para tratar de desacreditar la movilización indígena.

Según los representantes gubernamentales, la marcha es política y está financiada por la Agencia Norteamericana para el Desarrollo Internacional (USAID) y, por, tanto sus demandas no son atendibles.

El presidente de la CIDOB, Adolfo Chávez, que encabeza la marcha retó al gobierno a expulsar de Bolivia a la USAID.

“Los indígenas no estamos financiados por USAID ni por otra entidad internacional, en la marcha estamos atravesando por problemas de alimentación y medicamentos pero tenemos el firme compromiso de luchar por el futuro de nuestros hijos. Retamos al gobierno a que expulse del país a la USAID y veremos quiénes son los afectados”, aseveró.

Ante el pedido indígena de una disculpa por las acusaciones gubernamentales de que USAID estaría financiando la marcha, el ministro de Autonomías, Carlos Romero, dijo: “Hemos señalado que hay organizaciones indígenas que tendrían auspicio de USAID y que más allá del apoyo estrictamente económico, puede haber injerencia política; lo ratificamos y no podemos retractarnos”.

Mientras los indígenas mostraron su predisposición de iniciar diálogo en cualquier etapa de la marcha, el gobierno envió como emisarios a representantes neoliberales.

Los indígenas expulsaron a Roberto Fernández Saucedo, quien en las últimas horas, con el rótulo de “delegado gubernamental” se presentó en la marcha. Este personaje es conocido como militante de partidos neoliberales, fue ex militante de Unidad Cívica Solidaridad (UCS) de Max Fernández, de Acción Democrática Nacionalista (ADN) del extinto dictador Hugo Bánzer Suárez y Poder Democrático (PODEMOS) del ex presidente Jorge Quiroga Ramírez. En las últimas elecciones municipales fue candidato a alcalde por el Movimiento al Socialismo (MAS), perdió.

La marcha fue iniciada el lunes 21 desde Trinidad (Beni), se encuentra en territorio de Santa Cruz y aún les restan más de mil kilómetros para llegar hasta La Paz, sede de gobierno de Bolivia.

“Los pueblos indígenas no queremos enfrentarnos con ningún hermano de ningún pueblo. Nosotros somos defensores de la cultura de la vida, pero parece que algunos gobernantes están cambiando y eso nos preocupa”, comentó el presidente de la CIDOB.

Autonomía plena

El gobierno de Evo Morales Ayma, tiene su pilar fundamental y fortaleza en los movimientos sociales, sobretodo, ubicado en el área rural. La CIDOB y el CONAMAQ son parte de este proceso de cambio.

Junto a la CIDOB que representa a las tierras bajas y el CONAMAQ a las tierras altas, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Confederación de Comunidades Originarias de Bolivia (CSCB) y Federación Nacional de Mujeres de Bolivia Bartolina Sisa (FNMCB-BS) son los baluartes del proceso.

En la actualidad, dos organizaciones del movimiento popular tienen demandas contra el gobierno y tres apoyan la gestión gubernamental. En cinco años de gobierno, nunca se había visto este tipo de división y menos las amenazas de enfrentamiento.

Si en el futuro no se logran soluciones concertadas, incluso la gestión y gobernabilidad están amenazadas. Por ejemplo la aprobación de leyes en la Asamblea Plurinacional no se podrá realizar, como en los últimos días, porque se requieren dos tercios que el MAS ya no lo tiene.

Ocho diputados indígenas de la bancada del MAS decidieron alejarse. Sin éstos, el oficialismo se quedará con 106 votos de los 111 necesarios.

La Constitución Política del Estado en el inciso II del artículo 271 establece que “la Ley Marco de Autonomías y Descentralización será aprobada por dos tercios de votos de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional”.

De los 130 diputados, el MAS cuenta con 89 y de los 36 senadores tiene 26. La Asamblea Legislativa concentra 166 representantes, 115 son del oficialismo. En ese contexto, los dos tercios de respaldo para aprobar la norma, representa 111 votos.

El presidente de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos de la Cámara de Diputados, Bienvenido Zacu, aseguró que los diputados indígenas del MAS no aprobarán la norma si las autoridades no atienden sus demandas.

“No vamos a levantar la mano por levantar, ahora hay intereses indígenas, queremos la misma jerarquía que las demás autonomías. Sin nuestra presencia, ellos no tendrían los dos tercios, lamentamos mucho, pero será así si no aceptan las propuestas indígenas”, remarcó.

Las autoridades gubernamentales lamentaron la decisión indígena.

El Presidente Evo Morales Ayma, afirmó: “Lamento mucho que algunos compañeros dirigentes de la CIDOB estén dando una mala imagen a esta gloriosa organización. Me apena, pero no es por culpa del gobierno, sino es por culpa de algunos dirigentes y, a veces, por cuestión de protagonismo o por interés personal”.

Mientras las autoridades no resuelven las demandas indígenas, la marcha sigue, se fortalece y se masifica.

En Bolivia no es necesario un enfrentamiento entre organizaciones indígenas, ni la satanización a algunos dirigentes, tampoco el intento de desacreditar sin pruebas, menos la división de los movimientos sociales, urge atender las demandas indígenas y, sobretodo, rescatar un pilar de este proceso de cambio: la cultura de la vida, de la paz, del diálogo y la concertación social…

-*Alex Contreras Baspineiro es periodista y escritor boliviano, ex vocero de gobierno.